Antecedentes del conflicto arrendaticio

La Audiencia Provincial de Asturias, en su Resolución 578/2025, de 9 de diciembre, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por una arrendataria que solicitaba la devolución de cantidades presuntamente cobradas de más en concepto de gastos comunes y derramas.

El contrato de arrendamiento, suscrito en 1967, establecía que la inquilina debía asumir determinados gastos del inmueble, tales como portería, suministros comunes, mantenimiento de ascensores y calefacción central. Sin embargo, la arrendataria consideraba improcedente la repercusión de otros conceptos como el seguro del edificio o los honorarios del administrador de fincas.

Existencia de acuerdo judicial previo

Las partes habían alcanzado previamente un acuerdo homologado judicialmente en el que se delimitaban los gastos exigibles y se fijaba un procedimiento para su notificación. En virtud de dicho pacto, la arrendadora debía comunicar los importes y la inquilina disponía de treinta días para oponerse, entendiéndose su silencio como aceptación.

La recurrente alegó indefensión por la apreciación de la cosa juzgada y denunció defectos en la notificación de los gastos. Además, justificó la falta de cuantificación concreta en la ausencia de facturas aportadas por la propietaria.

Fundamentación de la desestimación

El tribunal rechaza el recurso por dos razones esenciales. En primer lugar, porque el procedimiento pactado seguía vigente y no fue alterado. En segundo término, porque la demanda no concretó los conceptos ni acreditó las cantidades indebidamente repercutidas.

La Audiencia recuerda que en reclamaciones de devolución resulta imprescindible identificar con precisión las partidas discutidas y aportar prueba suficiente. No cabe una declaración genérica que difiera la cuantificación a ejecución de sentencia.