Nuevo marco normativo aprobado sobre la factura electrónica obligatoria entre empresas

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, que desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales.

Esta norma tiene por objeto concretar los requisitos técnicos, de información y funcionamiento del sistema, en desarrollo de lo previsto en el artículo 2 bis de la Ley 56/2007, modificado por la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas.

La aprobación del real decreto responde a la necesidad de reforzar la lucha contra la morosidad comercial y mejorar la trazabilidad de las operaciones económicas. Asimismo, se enmarca en las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dirigidas a impulsar la digitalización del tejido empresarial.

Obligación general de facturación electrónica

La norma establece la obligación de expedir, remitir y recibir facturas en formato electrónico en todas las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales.

Esta obligación se aplica cuando el destinatario de la operación tenga su sede, establecimiento permanente o domicilio en territorio español.

No obstante, se contemplan excepciones. Entre ellas, destacan las operaciones documentadas mediante facturas simplificadas, así como aquellas que puedan ser excluidas mediante orden ministerial por razones de funcionamiento económico de determinados sectores.

Estructura del sistema de facturación

El sistema español de factura electrónica se articula en torno a dos elementos principales: las plataformas privadas de intercambio de facturas y una solución pública de facturación electrónica gestionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Los empresarios podrán utilizar cualquiera de estas vías o combinarlas. En caso de no existir acuerdo entre las partes, se entenderá que optan por la solución pública.

Además, cuando se utilicen plataformas privadas, estas deberán remitir una copia fiel de cada factura a la solución pública, lo que permitirá a la Administración disponer de información completa sobre las operaciones.

Requisitos técnicos e interoperabilidad

El real decreto regula los requisitos técnicos de las facturas electrónicas, que deberán emitirse en formatos estructurados compatibles con estándares europeos, como UBL, CII, EDIFACT o Facturae.

Asimismo, se impone la obligación de garantizar la interoperabilidad entre plataformas privadas. Estas deberán poder transformar los formatos de factura y conectarse entre sí cuando lo soliciten sus clientes.

También se exige que las facturas estén firmadas electrónicamente y que cuenten con un identificador único que permita su seguimiento.

Control de pagos y lucha contra la morosidad

Uno de los elementos centrales de la norma es la obligación de informar sobre los estados de la factura. Los destinatarios deberán comunicar la aceptación o rechazo y el pago efectivo de las facturas, incluyendo las fechas correspondientes.

Además, será obligatorio informar del pago a la solución pública de facturación electrónica en un plazo máximo de cuatro días desde que se produzca.

Este sistema permitirá a la Administración calcular los plazos medios de pago y supervisar el cumplimiento de la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Calendario de aplicación

La entrada en vigor del real decreto se producirá a los veinte días de su publicación en el BOE. No obstante, su aplicación efectiva queda supeditada al desarrollo reglamentario de la solución pública de facturación electrónica.

Una vez activado el sistema, la obligación se implementará de forma gradual. En primer lugar, afectará a las empresas con una facturación superior a ocho millones de euros en el plazo de doce meses. Posteriormente, se extenderá al resto de empresarios y profesionales en un plazo de veinticuatro meses.

Implicaciones para las empresas

La implantación de la factura electrónica obligatoria persigue mejorar la eficiencia administrativa, reducir costes de gestión y facilitar el control fiscal.

Asimismo, la norma pretende aumentar la transparencia en las relaciones comerciales, fomentar el cumplimiento de los plazos de pago y fortalecer la posición de las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido productivo español.

En conjunto, el nuevo sistema configura un marco normativo orientado a la digitalización empresarial y al refuerzo del control económico en las operaciones entre profesionales.