El gobierno aprueba la ley para gobernanza y control de inteligencia artificial
El Gobierno adapta el Reglamento europeo de IA
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, una norma destinada a adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en vigor desde agosto de 2024. El texto será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
La futura ley busca establecer un sistema de supervisión y control sobre los sistemas de inteligencia artificial utilizados en España. El objetivo principal es garantizar que estas tecnologías se desarrollen y utilicen bajo criterios de seguridad, transparencia y supervisión humana.
La norma identifica además las autoridades responsables de vigilar el cumplimiento del Reglamento europeo y regula el régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento.
Nuevo modelo de supervisión
El proyecto establece un marco de gobernanza basado en autoridades notificantes y autoridades de vigilancia del mercado. En sectores ya regulados, como productos sanitarios, vehículos o maquinaria, las competencias continuarán en manos de las autoridades sectoriales existentes.
Sin embargo, los sistemas de IA aplicados a ámbitos como el empleo, la educación o la biometría estarán principalmente bajo la supervisión de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). También participarán la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial en materias vinculadas a sus respectivas competencias.
La norma incorpora además mecanismos de coordinación institucional y designa a la AESIA como punto único de contacto para cuestiones relacionadas con la supervisión del Reglamento europeo.
Sistemas prohibidos y protección ciudadana
El Reglamento de IA clasifica los sistemas según el nivel de riesgo que presentan para las personas. Aquellos considerados de riesgo inaceptable quedan prohibidos dentro de la Unión Europea.
Entre las novedades destaca la prohibición de sistemas que generen “deepfakes” sexuales. La medida fue promovida por España y Francia tras la polémica generada por imágenes falsas de mujeres y menores creadas mediante inteligencia artificial.
La normativa también prohíbe sistemas que utilicen técnicas subliminales para manipular decisiones, herramientas que exploten vulnerabilidades de menores o personas con discapacidad y sistemas biométricos destinados a clasificar a ciudadanos por ideología, religión u orientación sexual.
Asimismo, se prohíben mecanismos de puntuación social utilizados para limitar el acceso a ayudas públicas o servicios financieros en función de comportamientos personales.
Sanciones y uso público de la IA
El proyecto contempla sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio mundial para las infracciones más graves. Las infracciones leves podrán ser castigadas con multas de hasta 500.000 euros.
La ley también incorpora medidas dirigidas al sector público. Entre ellas figura la creación de un inventario de sistemas de inteligencia artificial utilizados por la Administración y la figura del delegado de IA, encargado de coordinar el cumplimiento normativo.
Además, el texto regula los denominados “sandboxes” o entornos controlados de pruebas para facilitar el desarrollo de sistemas innovadores bajo supervisión pública.